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PRESENCIA MILITAR EN TERRITORIO NACIONAL


JULIO 2010


En julio del año 2010, un grupo de ciudadanos, haciéndonos llamar los "amigos del Héroe" organizamos en el M.H.C.J.S el único FORO de REALIDAD NACIONAL llevado a cabo en esta Institución en los últimos años, me atrevería decir que décadas. Como resultado me di a la tarea de escribir esta carta y de publicarla como una carta abierta a la ciudadanía.

Ahora el tema toma vigencia nuevamente así que por ello la doy a conocer a quienes no se enteraron de este Foro.





INVITADOS: El Ministro de Seguridad José Ma. Tijerino (canceló dos horas antes del evento). 






Manuel Mora: Estamos ante un hecho tan grave, de tal trascendencia y con dimensiones tan tremendas que realmente es lamentable la ignorancia y el desconocimiento en el que el pueblo costarricense se encuentra en este momento y este es el problema mas serio. Me molesta y me llama mucho la atención que nos crean estúpidos, a los costarricenses, que crean que somos una manada de idiotas, porque esta argumentación, buscar la autorización de semejante presencia militar alegando el combate con el narcotráfico, es de los argumentos más ofensivos a la inteligencia nacional que yo he conocido en toda mi vida, es decir, nos están diciendo idiotas, se están burlando de nosotros.









José Ma. Villalta: Este es un infame permiso. Es una barbaridad, los diputados que aprobaron el permiso no lo leyeron, no sabían lo que estaban aprobando, no hubo debate, simplemente acataron la orden ya que les dijeron que venia de la embajada gringa y que había que aprobarlo.





     Costa Rica, tu Paz está conmigo
Carta abierta a la comunidad costarricense

La presente nace como una reflexión urgente después del Primer Foro de Realidad Nacional “Presencia Militar en Territorio Nacional”, organizado por la asociación cultural “Los amigos de los Héroes y Libertadores de nuestra Patria” junto con el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en el Auditorio Juan Rafael Mora Porras.

Estimadas señoras y señores:
Les saludo con la paz ceñida en la confianza y el amor que esta patria ha infundido en el corazón de nuestro ser costarricense. Desde un legado derecho a ejercer expresión patriótica con fervor, entusiasmo y paz, comparto las siguientes reflexiones y la expresa solicitud más adelante detallada.
¿Se puede hablar de Patria sin Soberanía? Henos aquí ante una perfecta contraposición de fuerzas y valores que quisiera, con ímpetu esclarecedor, exponer ante la mesa de nuestro entendimiento con el propósito unificado en la voz de esta misiva inspirada en nuestro propio héroe interior, de converger en el ideal más alto de nuestra razón de ser como humanos conscientes y como costarricenses en la presente articulación del mundo.

Primeramente, queremos recordar la época de la Campaña Nacional de 1856 y 1857 para honrar la memoria del sentir costarricense y su legado fundamental. Este precioso patrimonio tuvo el costo de la vida y obra entregada por los héroes y libertadores de la nuestra patria que se enlistaron hasta las últimas consecuencias en una guerra inevitable, comandada valientemente por nuestro Libertador Juan Rafael Mora Porras ante la amenaza de la pérdida de nuestra autonomía y soberanía.

Hoy queremos recordar la época de cuando Costa Rica voluntaria y unilateralmente disolvió el ejército nacional, el 1 de diciembre de 1948, renunciando a tener fuerzas militares. Costa Rica cosechó el reconocimiento mundial al perpetuar dicha abolición en la Constitución de 1949. La desarticulación del cuerpo armado de la Nación por parte de nuestro caudillo José Figueres Ferrer, entonces presidente de la República, significó que en el lugar del ejercito devendría una Guardia Civil como la única encargada del orden y la seguridad en nuestro territorio, según lo legitimado un año después en el artículo 12 de la Constitución de la República. Otro legado esencial al fortalecimiento de nuestra patria y su identidad.
Ahora, más aún, queremos recordar el tercer y más reciente aporte vital que renueva el espíritu pacifista del ser costarricense; el hecho trascendental de que Costa Rica se haya convertido en el primer y todavía único Estado latinoamericano que posee un estatuto de neutralidad permanente, activa y no armada: la Ley de Neutralidad creada durante la presidencia del mandatario Luis Alberto Monge, en 1983.

Estos no son solamente tres recuerdos cruciales de nuestra historia patria, sino tres de las victorias más trascendentes de nuestra Nación, y con ellas debemos abonar la naturaleza de nuestro devenir histórico, que ha creado un discurso cívico cuyo contenido pacifista se ha ido perfeccionando y se reinventa una y otra vez como respuesta a las exigencias de los tiempos.

Es así que consideramos imprescindible recordar los deberes asumidos unilateralmente por Costa Rica al manifestarse soberanamente como un Estado Neutral ante la comunidad de naciones, asumiendo nuestra responsabilidad inherente a esta condición de neutralidad, a saber; no iniciar ninguna guerra; no hacer uso de la fuerza, incluyendo cualquier amenaza o represalia militar; no participar en una guerra entre terceros; defender efectivamente nuestra neutralidad e independencia con todos los recursos materiales, jurídicos, políticos y morales posibles; y practicar una política exterior de neutralidad a fin de no involucrarse real o aparentemente en ningún conflicto bélico.

Entendemos que ser un país neutral significa que la República de Costa Rica se abstiene de participar en toda forma de intervención militar en los diversos conflictos internacionales y nacionales. Costa Rica renuncia a toda hostilidad y a todo apoyo a la resolución de conflictos por medio de los recursos bélicos. Es decir, que constitucionalmente NO avalamos el transporte de tropas, municiones o columnas de abastecimiento por nuestro territorio, NI toleramos el mantenimiento o establecimiento de instalaciones inalámbricas no públicas destinadas a las operaciones de inteligencia bélica.

Nuestra postura singular y propia nos recuerda el compromiso a impedir la formación de cuerpos combatientes y la apertura de oficinas de leva y reclutamiento en beneficio de cualquier tipo de guerra, incluso claro está, a nuestro criterio cívico y moral, la llamada guerra contra el narcotráfico.

El Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la cooperación en la supresión del tráfico ilícito fue aprobado mediante la Ley Nº 7929, el 6 de octubre de 1999, y se refiere a operaciones policiales conjuntas en la lucha contra el narcotráfico y no para naves militares que puedan actuar independientemente en nuestro país.

En el actual permiso acordado recientemente por los diputados, las fuerzas militares avaladas para ingresar a territorio nacional superan a las aprobadas en años anteriores.

Los congresistas costarricenses aceptaron la ayuda militar estadounidense sin consultarle, y mucho menos informarle al pueblo, acerca de las posibles consecuencias en caso de una hipotética guerra en la región o en el mundo.

El convenio lleva 11 años funcionando, pero ahora el territorio nacional será controlado por una gran cantidad de buques de guerra y tropas, que suman más de 9000 marines que tienen como misión el apoyo a operaciones antidrogas en el cumplimiento del acuerdo marítimo bilateral. y no por la Guardia Costera de EE.UU., como establece originalmente dicho Convenio.

El permiso otorga a las leyes de los EE.UU. un poder superior al de nuestras leyes, cediéndose con ello el derecho de todo costarricense a recurrir a nuestra propia legislación en caso de daño, pérdida o destrucción de la propiedad, lesiones o muerte de personas que surgieran de las actividades de los militares estadounidenses en territorio nacional quienes, como es sabido, gozan de libertad de movimiento y de derecho a realizar lo que consideren necesario para el desempeño de su misión.

Es decir, que el personal militar extranjero gozará de total inmunidad ante la justicia costarricense y sus integrantes podrán entrar y salir de Costa Rica a su entera voluntad sin previo aviso, así como circular por todo el territorio nacional vistiendo sus uniformes y portando sus pertrechos y armamentos de combate; armamentos e instrumentación militar que, es evidente, de nada han servido en otros países para combatir al narcotráfico.

Según la solicitud diplomática, el Gobierno de Costa Rica ha renunciado a presentar reclamos civiles y administrativos por daños al gobierno de los EE.UU., lo que significa que no podremos reclamar indemnización alguna por ningún perjuicio que sea causado por las tropas militares estadounidenses.
La justificación oficial ante lo que se evidencia como un agravio a nuestras leyes se basa en la argumentación de la creciente expansión del narcotráfico por mares y tierras centroamericanas. Y como respuesta impera una vez más el discurso de la guerra manejado para permitir el ingreso de una desproporcionada cantidad de tropas armadas de EE.UU. en el país, solicitud hecha desde Washington por medio de la Embajada de los EE.UU., para realizar operaciones militares, misiones antinarcóticos y supuestas acciones humanitarias en la región.

Reconocemos que el narcotráfico es una amenaza global y que conduce invariablemente a la violencia en una región centroamericana que ha sido tomada para el paso de la droga por su territorio y trasiego local.

Sabemos que el narcotráfico mueve más de 400 mil millones de dólares anuales, que son convenientemente “lavados” en los llamados paraísos fiscales instaurados en el mundo para introducir el dinero al sistema bancario oficial y, de ese modo, fortalecer los negocios de los capitales financieros dominantes.

También sabemos que son precisamente los países caracterizados por la contundente presencia de las fuerzas estadounidenses quienes sobresalen por su producción y comercialización de estupefacientes y que EE.UU. es el primer productor mundial de marihuana.

Se podría observar como una muestra clara de la hegemonía de los EE.UU. en el mundo, la autorización del congreso de la República de Costa Rica para el ingreso de 46 buques artilleros y otros navíos tipo catamarán, un buque hospital y vehículos varios de reconocimiento con capacidad para transportarse tanto por mar como por tierra; 200 helicópteros, 10 aviones y también un portaaviones de última generación MakinIsland de 258 metros de eslora, pudiendo transportar 42 helicópteros CH-46, cinco aviones AV-8B Harrier y seis helicópteros Blackhawks y con capacidad para transportar a 1500 marines que desembarcarán uniformados y permanecerán en el país.

Dichos buques y aeronaves de guerra están destinados directamente al choque, al combate o enfrentamiento armado o bélico, y operarán en las aguas de la zona económica exclusiva de Costa Rica en el océano Pacífico y el mar Caribe y en las cercanías de esta zona con el pretexto de combatir el narcotráfico, pero podemos suponer que con la activación de esta 4ª. flota lo que se pretende son acciones para la hegemonía militar de EE.UU. en Centroamérica, el Caribe y América del Sur. No es un secreto para nadie el enfrentamiento económico e ideológico de EE.UU. con la nueva ola izquierdista en América Latina, en una zona por lo demás rica en recursos naturales como agua fresca, biodiversidad amazónica, petróleo y otros.

Está documentado que no son solo los narcotraficantes lo que han llegado a transgredir la soberanía de nuestros pueblos al irrespetar los espacios aéreo y marítimo, corrompiendo a políticos y miembros de los poderes públicos, funcionarios y a la sociedad entera, sino que los mismos ocupantes norteamericanos matan, violan y roban impunemente en los países donde intervienen con sus fuerzas armadas para combatir este problema.

No se conocen experiencias de combate con una estrategia militar contra el narcotráfico que hayan resultado beneficiosas en otros países. No podemos descartar que el desembarco de los marines en Costa Rica podría tener otro objetivo, como lo es la dominación norteamericana en la región como parte de una intrincada estrategia militar en contra de los gobiernos considerados “enemigos” de los EE.UU.,  como Cuba, Venezuela, Bolivia y Ecuador.

La inminente movilización de las tropas armadas de los EE.UU. en al región podría ser parte de los preparativos para una empresa militar de proporciones globales, aseguran los especialistas en temas de geopolítica y actualidad.

Ante nuestros ojos se evidencia que, mediante este lamentable permiso, Costa Rica se adhiere a los planes y a la agenda de guerra del gobierno de EE.UU. y convierte a nuestro territorio en un objetivo militar.

El simple intento de que su milicia haya sido habilitada para intervenir en el problema del narcotráfico en Costa Rica, pudiendo entrar en territorio nacional con misiones relámpago de intervención con el arsenal que se crea necesario, es un irrebatible atropello a nuestra Constitución.

El nutrido detalle de naves, armamento y soldados de guerra autorizados para combatir el narcotráfico es desproporcionado y absurdo, bajo el agravante de que ante los daños ocasionados como parte de las operaciones para el cumplimiento de sus fines, tales como pérdidas humanas, heridos, destrucción del patrimonio nacional o viviendas y otros, el gobierno de la República de Costa Rica, así como cualquier ciudadano o víctima directa o indirecta de estas acciones, tendrá que acudir a los EE.UU. a levantar querella, quedando supeditados a la jurisprudencia de ese país.

La Embajada de EE.UU. solicitó -exigió diplomáticamente y forzó, ante nuestros ojos- un aberrante permiso para que una cantidad excesiva de militares se mueva en Costa Rica por encima de sus leyes. Con un nivel de autoridad y de impunidad los militares estadounidenses ya gozan de libre tránsito en nuestro territorio.

Por decisión propia -o manipulación ajena y enajenante- este país renuncia a su autoridad y pasa a ser regulada en esta materia por leyes extranjeras. Éste es el permiso que 31 diputados dieron al gobierno de los EE.UU. con la justificación de la supuesta “guerra contra las drogas” y que nos deja sin leyes, en el desamparo de un país que entrega su gobernabilidad por inescrutables intereses.

Ante esta crucial coyuntura, el pueblo costarricense recuerda su legado para la humanidad por el desarme mundial y hace un llamado a la PAZ.

Consideramos que la problemática actual acerca del narcotráfico y la violencia debe asumirse como un asunto de Emergencia Nacional.

La Constitución de la República de Costa Rica garantiza el Derecho a la Paz como un Derecho Humano. Es prohibido por la Constitución que cualquier ejército opere en nuestro país. Por tanto, que preservar la herencia antimilitarista de Costa Rica es un derecho y una obligación de todo costarricense y ciudadano del mundo consciente y respetuoso de nuestra historia, legislación y autonomía.

Consideramos que la solución al problema del narcotráfico no se resuelve con con el discurso de la guerra, la violencia de las artimañas militares, ni con marines, portaviones, submarinos y helicópteros artillados, sino por medio de la marcha de una política social justa y solidaria. Un modelo que veremos sustentado en la educación en todos sus niveles.

Apoyamos las iniciativas concebidas en el paradigma de la paz y la solidaridad. Pertenecemos a una generación que se ha formado esencialmente con una identidad pacífica y neutral en temas de intervencionismo militar, y planteamos una reforma educativa integral y profunda.

Con el reforzamiento de la educación y programas de salud integral en las zonas más violentas de nuestro país, cuya coacción entendemos como resultado del condicionamiento de una cultura de exclusión social, con el mejoramiento de la calidad de vida de los costarricenses por medio de programas sociales de intervención urgente en comunidades vulnerables y víctimas del crimen organizado y la proliferación del consumo de drogas, estaríamos enfrentando integralmente la problemática que nos atañe y de la cual queremos hacernos responsables.

La droga que ha entrado de manera completamente ilícita por medio de los subterfugios de los carteles de las mafias que dominan los territorios por donde transitan, es un comercio inhumano, lleno de crueldad, vandalismo y explotación. El narco se caracteriza por una ausencia de respeto a la vida y una ceguera profunda que corroe a los sometidos por este flagelo y que condena a los niños y jóvenes que en ignorancia y desventaja caen en el abismo de las adicciones y la delincuencia. 

 Por eso nuestra idea es fomentar una Política permanente de Estado para la Paz mediante Programas por la Paz y el fomento de Movimientos por la Vida.

El programa que sugerimos debería unificarse en un bloque de desarme y de seguimiento a las bandas del delito locales o que ingresan y se organizan en el país a todos los cuerpos de seguridad circunscritos al Ministerio de Seguridad Pública tales como: el Organismo de Investigación Judicial, el Departamento de Inteligencia y Seguridad, el Centro de Inteligencia y Control Antidrogas, la Policía Metropolitana, la Unidad de Prevención contra el Delito y la Oficina de Control de Drogas.

Se pretende involucrar asimismo, a todas las policias creadas desde la Policía de Inmigración, la de Tránsito, la de Investigaciones Especiales y a la Unidad de Acción Inmediata; a la Policía de Hacienda, la Municipal y la turística, a los Comandos Norte y Sur, a los Cuerpos de Guardafronteras y de Guardaparques Nacionales, y se integraría tanto a la policía privada como a la de las comunidades organizadas en términos de seguridad comunitaria y asistencia social, una sola red nacional para la seguridad y la paz social.

Paralelamente, debería conformarse una plataforma de especialistas multidisciplinarios para hacer funcionar un Programa Nacional de Formación para la Paz y la Salud Integral, mediante el cual se implementaría una campaña nacional para contener la adicción y la violencia y recuperar integralmente a los adictos y personas violentas.

Estarían contemplándose todas las instituciones del Estado, desde la universidades públicas y privadas, más los ministerios de Cultura, Educación, Salud y otros, así como aquellas organizaciones no gubernamentales que se especializan en la atención de adictos y en la prevención del uso de estupefacientes, para que atiendan la Emergencia Nacional mediante la captación y administración de recursos económicos, tecnológicos y humanos suministrados por el Estado, las empresas privadas, donaciones extranjeras y nacionales, como parte de las acciones de un programa de inversión que sustente todas las operaciones de recuperación de la Paz en Costa Rica.

Se pretendería involucrar a profesionales en psicología, historia, artes, terapias alternativas integrales y otros para la realización de charlas, foros, cine-foros, obras de teatro didácticas, exposiciones y talleres con temáticas de urgente acción preventiva, que tendrían un mayor impacto en las comunidades que se determinen como focos de atención urgente.

Estaríamos fomentando una mejor calidad de vida por medio de programas encaminados a la difusión o divulgación educativa para una vida sana y armoniosa, por medio de un gran esfuerzo a nivel nacional. El Ministerio de Educación Pública podría incluso reelaborar planes de estudio incorporando metodologías propias y novedosas que estimulen la inteligencia y el amor, y aporten al desarrollo de la conciencia y la identidad nacional un impulso irrefrenable de participación y solidaridad entre los estudiantes y así reducir el ya delicado tema de la violencia en los colegios.

Dichos programas le permitirían al sector educación hacer una reforma profunda y concretar en el ejercicio de sus acciones lo que decreta la misma Constitución Política de 1949, la cual establece en el artículo 77 que la “educación pública será como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la preescolar hasta la universitaria”. Un sistema que contemple la formación en cada etapa de desarrollo y que apele a nuestra capacidad de construir una patria segura, como costarricenses honestos que se respetan a sí mismos y se hacen respetar, alimentando el espíritu pacifista que nos define, extendiendo la justicia social y los derechos universales.

Asimismo, el Ministerio de Salud estaría enfocado con sus programas de contribución a la salud pública mediante estrategias centradas en la salud integral de la familia y, por supuesto, proporcionando soporte de primera calidad a los adictos en recuperación. El Ministerio de Trabajo estaría focalizado en la creación de fuentes dignas de trabajo a las víctimas del flagelo de drogas en conjunto con el INA y otras iniciativas de formación alternativa. Podrían integrarse a este gran programa el Patronato Nacional de la Infancia, los centros de reclusión en todo el país, los Ebais, las universidades; en fin, toda organización no gubernamental y/o estatal y todas las fuerzas vivas de nuestra Nación unidas en una magna e histórica campaña nacional antibélica y antidrogas forjadora de los principios y derechos a la paz, la seguridad y la soberanía de Costa Rica.

De la misma manera, los medios de comunicación y las empresas privadas, diferentes gremios o movimientos de apoyo en favor de culturas para la vida, se unirían a la toma de conciencia y responsabilidad de nuestra integridad como Nación y como personas, mediante una campaña inédita por el rescate de valores históricos, cívicos y humanos para la vida, para el restablecimiento de los pilares de nuestra identidad costarricense.

En esta concepción, proponemos conformar un grupo de extraordinarios -personalidades patriotas estadistas de nuestro tiempo- que redacten un documento inclusivo que articularía todas las iniciativas para la paz existentes, con las ideas para la prevención del consumo de drogas y la violencia que surjan del debate inclusivo y el análisis de estos temas a lo largo y ancho del país.
¿Se puede hablar de Patria sin Soberanía?

La Patria se circunscribe a una parcela, a un perímetro que especifica el territorio operativo de los medios auto organizadores que definen el sistema como unidad,  llámense leyes, convenios, gobiernos, instituciones, empresas, etc. Estos medios pierden su territorio al ceder su poder absoluto, al negar la constitución perpetua de república independiente y al someterse a procedimientos militares extranjeros. Por lo tanto, ¿en qué se convierte la Patria, cuando indefensa, queda circunscrita a las leyes de un Estado Militarista?

Renunciar a la Soberanía para combatir el narcotráfico es evidenciar la incapacidad de autoorganización del Estado, permitiendo que el problema de la droga en nuestro país sea cada vez más grave.

La intervención de fuerzas militares -que son fuerzas de ataque- en problemas de competencia nacional es una decisión que, sabemos desde nuestro profundo ser, no contribuye a la paz.

Por todo lo anterior, expresamos nuestro rechazo a la presencia militar y al establecimiento de bases militares en el territorio nacional, incluyendo el espacio aéreo y las aguas jurisdiccionales, por cuanto consideramos que el permiso otorgado por 31 diputados de la presente legislatura excede las condiciones del convenio de cooperación en la lucha antidrogas, a la vez que atenta contra la identidad y las leyes de nuestra querida, soberana e independiente República de Costa Rica.

Ciudadanos y ciudadanas: por este medio instamos al gobierno y a la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica a dar el primer paso decisivo a favor de la paz, abandonando toda acción que abandere o respalde la marca de la guerra. Con el llamado del tambor de nuestros latidos, los invitamos a realizar con la fuerza de nuestro pueblo aportes decisivos en la construcción de una agenda que nos eleve de un modelo de violencia -espejo de la violencia en el mundo- a un modelo de paz, reflejo de nuestra esencial naturaleza.

Los instamos, con una gran vehemencia de corazón, a echar atrás el permiso otorgado al gobierno de los EE.UU. para implementar con sus tropas acciones militares en nuestro país.

Decidiremos juntos ser protagonistas de Paz y no víctimas de guerra, así como creadores de una nueva vida para el nuevo mundo largamente esperado y anhelado desde lo que somos, como hijos de Dios.

Sin embargo, en esta instancia rotunda, dejamos constar que si su voluntad no se adhiere al sentir de nuestro corazón, nuestras manos y fuerzas seguirán unidas en el mismo propósito que aquí constatamos. Acudiremos entonces a las acciones legales y manifestaciones pacíficas que sean necesarias para dirimir este permiso y avivaremos el ímpetu sin descanso, hasta que la Patria recupere su autonomía y su discurso por la Paz.

A los jóvenes que se manifiestan a favor de la vida, a los trabajadores y las organizaciones sociales que acuden al diálogo para resolver los conflictos y demuestran que la palabra es una herramienta poderosa que crea, los instamos a asumir un liderazgo en la conformación urgente de Comunidades de Paz.

Que sea el pueblo de Costa Rica el que muestre su rostro ante el mundo y que, por medio de la más grande movilización ciudadana en la historia de nuestro país en una solución integral ante el narcotráfico y la violencia, se sepa en todas las latitudes que rechazamos la guerra y toda acción militar en nuestras tierras, y que concebimos desde lo que somos, iniciativas integrales de Paz, extendiendo y preservando  así nuestro inmanente legado para el mundo.

 Firmo como persona y en nombre los Amigos de los Héroes y Libertadores de nuestra Patria, en Alajuela, el 2 de agosto del 2010.

Rodolfo Oreamuno Ramírez.
Ced. 204720055

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